Economía

El ejecutivo destacó en Esa es la Idea que el proyecto busca "acercar a las personas a vivir una mejor ciudad" mediante una "plataforma para que ocurran cosas que benefician en varias dimensiones", y a la vez, impide la instalación del comercio informal en los pasillos.

La selección de emprendedores se coordina con municipios, Sercotec, Prodemu y Fosis para priorizar grupos vulnerables. Además, junto a AIEP y la Universidad Finis Terrae, Metro les entrega capacitaciones gratuitas, con el objetivo de que "vayan madurando sus competencias" para escalar sus negocios de forma sostenible.

Considerando que se realizaron más de 1.000 ferias durante el año pasado, Martínez valoró la fidelización lograda entre pasajeros y emprendedoras, y al mismo tiempo, el que las alianzas permiten "ir orientando mejor" el programa, para darle "escalabilidad, foco y direccionamiento" en el futuro.

"Yo creo que esa norma es inconstitucional. No puede el Ejecutivo, a través de las modificaciones presupuestarias, tener control sobre un órgano autónomo constitucionalmente", afirmó el parlamentario, quien sostuvo que "lo que busca el Gobierno es controlar, en particular, la Fiscalía Supraterritorial".

La controversia se originó por las modificaciones introducidas por el Ejecutivo a la partida presupuestaria del Ministerio Público. Por primera vez, la propuesta contempla dividir los recursos del organismo en dos programas, uno de los cuales estará destinado específicamente al financiamiento de la Fiscalía Supraterritorial.

De acuerdo con los reparos planteados por el fiscal nacional, Ángel Valencia, esta estructura podría limitar la capacidad para reasignar internamente sus recursos durante el año. Por ejemplo, si la institución necesitara fondos adicionales para trasladar fiscales al extranjero, debería solicitar autorización a la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Valencia calificó esta situación como "gravísima" y afirmó que "no se está advirtiendo la consecuencia" que, a su juicio, implica para la autonomía del órgano persecutor.

Otro de los puntos de preocupación es la implementación de la Fiscalía Supraterritorial, creada para abordar investigaciones de alta complejidad, particularmente aquellas vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico.

La ley establece que el Ministerio Público debe incorporar 20 nuevos fiscales durante el próximo año, con la intención de contar con ellos a partir de abril. Sin embargo, el diseño presupuestario contempla recursos para contratar inicialmente a ocho fiscales en junio y a los 12 restantes recién en diciembre.

Ilabaca cuestionó que esta planificación pueda retrasar el fortalecimiento de la institución y criticó los recursos contemplados para la Fiscalía Supraterritorial.

"Además del recorte de 1.500 millones de pesos en Fiscalía Supraterritorial, están diciendo que la implementación que debería ser en enero del año que viene va a ser en diciembre; es decir, el año 2027 no existe refuerzo para el Ministerio Público. Vamos a llevar adelante un combate frontal al narcotráfico y el crimen organizado, pero al principal órgano persecutor penal le decimos: '¿Sabes qué? No tienen plata'. Entonces eso también es grave", señaló.

Oficialismo defiende controles, pero advierte falta de recursos

Desde el oficialismo, el diputado republicano Fernando Ugarte descartó que exista una intención de intervenir en la autonomía del Ministerio Público y sostuvo que las modificaciones buscan establecer mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos.

No obstante, también expresó preocupación por el calendario previsto para el fortalecimiento de la Fiscalía y por la falta de financiamiento para determinadas áreas de alta complejidad.

"¿Por qué las contrataciones de fortalecimiento llegan a diciembre? Esa es mi preocupación. No me solucionan ningún problema. Tengo otros meses que quedan descubiertos, porque, si solo vamos a cumplir con la ley, a jugar en esa misma línea, no me parece", cuestionó.

El parlamentario agregó que las investigaciones vinculadas al crimen organizado requieren recursos adicionales debido a la complejidad y el alto costo de las pericias involucradas.

"Requiere peritaje y yo creo que ahí nos falta un bolsillo extra para este tipo de gastos, que no son gastos comunes y que deben ser gastos cuantiosos", sostuvo.

En medio de estas diferencias, la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio Público quedó pendiente de aprobación. Las observaciones planteadas por el fiscal nacional y los parlamentarios deberán ser abordadas por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

No obstante, el evento reflejó un cambio en el comportamiento de los consumidores, marcado por una baja del gasto individual y un vuelco hacia productos de primera necesidad.

Este dinamismo en las compras vino acompañado por una baja en el monto desembolsado por cada usuario. El ticket promedio de esta edición se situó en 83 mil pesos, lo que equivale a un 15% menos que el registro anterior.

La compra promedio descendió a 83 mil pesos, lo que representa una caída de 15% respecto a la edición anterior. (FOTO: ATON)

Aunque los rubros tradicionales como tecnología, artículos para el hogar y vestuario se mantuvieron como lo más vendido en volumen general, los segmentos con mayor expansión interanual fueron supermercados (19%) y farmacias (45%).

Esta tendencia responde a una marcada diversificación de los hábitos de las compras, orientada a categorías de consumo cotidiano con "tickets más bajos", a diferencia de ediciones pasadas donde el interés se concentraba en bienes durables y paquetes de viajes.

"Es una tendencia que no tiene que ver con tanto cambio en el comportamiento global del consumidor. Son categorías que históricamente no tenían una tan alta participación en el e-commerce, y desde pandemia en adelante el consumidor fue tomando confianza, también en esas categorías y hoy día vemos que son las que más crecen", explicó Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

"Evidentemente, el crecimiento en bienes durables es mucho menor, sobre todo considerando las condiciones económicas, pero no es que la gente no compre bienes durables. Es harto más cómodo, muchas veces, para una dueña de casa poder comprar online la compra de supermercado que tener que desplazarse", agregó.

Impacto macroeconómico y generación de empleo

El perfil de compra observado en el evento funciona como una respuesta directa al momento económico del país, caracterizado por una alta inflación, bajo crecimiento y niveles elevados de desocupación, diagnóstico que coincide con los análisis entregados por las autoridades económicas al evaluar el balance preliminar del evento.

En materia laboral, las tres jornadas de comercio digital también tuvieron un efecto dinamizador en el mercado del trabajo, con la generación de 10 mil puestos de empleo, varios de ellos de carácter temporal, vinculados a la logística, distribución y soporte de las operaciones comerciales.

Al respecto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, indicó que "la cifra que acabamos de entregar no demuestra una caída de ventas. Lo que ha venido cayendo en el tiempo es el promedio del ticket. Efectivamente, la economía tiene poco crecimiento, hay tasas de desempleo que son altas y eso lo vemos en el consumo".

"Por otro lado vemos la cantidad de empresas que se están creando, que siguen siendo sobre las 20 mil mensuales, y vemos una cantidad de proyectos que están entrando a evaluación ambiental, que son récord", destacó.

Consultado sobre la carta del rector contra las reducciones presupuestarias, el representante del centro de pensamiento ligado a Renovación Nacional sostuvo que sus planteamientos deben evaluarse considerando las necesidades de otros sectores.

"Bueno, la carta del rector (...) tiene su mérito, pero es un incumbente y él está peleando por su chiringuito, por decirlo en términos supercoloquiales. Cada peso que tú le pones a educación, se lo estás sacando a otros sectores que son también dolores, entre comillas, para la sociedad", expresó.

Díaz agregó que "los números son los números, hay que buscar los criterios (...) y definir en base a un consenso amplio. Y la Ley de Presupuesto es una de las pocas instancias en las cuales todos estamos mirando la misma cosa y cada uno pone sus aprensiones y sus reparos".

Sus declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos del rector UC, Juan Carlos de la Llera, quien pidió rechazar los recortes a las universidades y advirtió que comprometen las posibilidades de desarrollo del país.

Díaz: aporta investigación y productividad

El economista había reconocido previamente que el financiamiento universitario tiene efectos que van más allá del gasto corriente, aunque sostuvo que ese aporte debe acompañarse de exigencias sobre el uso de los recursos.

"La educación superior tiene una dimensión de inversión en capital humano, en investigación, en productividad, no se trata solo de gasto corriente. Pero eso no significa que tengamos que darle un cheque en blanco, ¿verdad? Porque el sistema universitario necesita mayor eficiencia, necesita más transparencia y por último, tiene que rendir cuentas", señaló.

En esa línea, planteó que las decisiones presupuestarias deben distinguir entre instituciones y sus resultados.

"Y tenemos que discriminar, porque las instituciones son distintas. Entonces, no todas son iguales, hay desempeños diferentes. Tenemos que pisar el acelerador acá en materia de focalización porque los resultados no han sido los mejores y tampoco esto está asegurado en el tiempo. O sea, con escenarios de estrechez fiscal, la sostenibilidad de las políticas se pone en duda", argumentó.

Echecopar pide postergar las rebajas tributarias

El investigador de Rumbo Colectivo, Rodrigo Echecopar (Frente Amplio), cuestionó las reducciones a la educación superior y advirtió que sus consecuencias pueden extenderse más allá de un periodo de gobierno.

"El problema es que hoy día estamos discutiendo reducir el financiamiento de universidades que están en la frontera del conocimiento, que son los portaestandartes de la educación superior en Chile, que están haciendo la investigación que está cooperando a nivel internacional y también para el desarrollo de nuestro propio país, y que hoy día estamos eligiendo desfinanciar o reducir su financiamiento", afirmó.

Frente al argumento de priorizar la educación primaria y la primera infancia, propuso postergar las reducciones tributarias previstas para 2027 y utilizar esos recursos para financiar las necesidades educativas.

"Dejemos eso, saquémonos nuestra anteojera ideológica, démonos cuenta de que lo que está pasando en el país demanda una corrección del rumbo y no seguir cavando este hoyo", planteó.

En Madrid, el Sindicato de Inquilinas convocó para este jueves a las 20:00 horas (15.00 de Chile) una marcha desde la acampada en la céntrica Puerta del Sol hasta la que fue su casa durante más de 70 años, esa en la que "solo quería permanecer hasta el final", explicó la organización en un comunicado.

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La pasada noche ya le rindieron homenaje en la capital española, al convertir la acampada -que comenzó el mismo día de su desahucio a día de hoy ya tiene más de 1.200 tiendas de campaña- y las inmediaciones del Congreso en un velatorio, con velas encendidas, fotografías, dedicatorias, lecturas de poemas y reivindicaciones: "Se lo debemos", decían.

La organización de la acampada, instalada en Sol desde el 26 de septiembre, lamentó su muerte "en una cama de hospital a la que la mandaron en camilla el día que la echaron de su vivienda, tras un desahucio que jamás debió de haberse producido", así como que el acuerdo para que volviera a su casa llegara "tarde".

"No llegó porqué a los rentistas, a los especuladores, a los gobiernos o las instituciones les importara, sino por la presión de cientos de miles de personas que inundamos las calles", señalan en un comunicado.

También recuerdan las palabras de Maricarmen: "Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro". "Eso vamos a hacer. La recordaremos cada día, en cada desahucio que paremos", le responden ahora.

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Homenajes en Barcelona, Andalucía y Valencia

En Barcelona (noreste), las principales organizaciones en defensa del derecho a la vivienda de la región convocaron una nueva protesta para el viernes contra las muertes vinculadas a la crisis de la vivienda bajo el lema 'Por Olga y Maricarmen: ¡El negocio de la vivienda mata!'.

La manifestación, que empezará a las 19:00 horas (14:00 de Chile), también recordará a Olga, una mujer de 54 años que se suicidó el pasado 7 de septiembre tras ser desahuciada del piso donde vivía en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Las acampadas por la vivienda que se mantienen en Sevilla, Málaga, Granada y Almería (todas en la región de Andalucía, sur de España) prepararon también nuevas movilizaciones.

En Sevilla, se instaló un altar improvisado en recuerdo de Maricarmen, y los acampados decidieron convocar una manifestación a las 19:00 horas.

Uno de sus portavoces, Noel García, explicó a EFE que el fallecimiento ha supuesto un "jarro de agua fría" pero a la vez un revulsivo para seguir organizando actos reivindicativos con la huelga general del 11 de noviembre en el horizonte.

Tensión política

Mientras, la esfera política española vivió una jornada de intercambio de enfrentamientos por la muerte de Maricarmen, como el vivido entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la portavoz de Más Madrid (izquierda), Manuela Bergerot.

Bergerot afirmó en el pleno de la Asamblea regional que "en las calles de Madrid no va a haber paz" tras la muerte de Maricarmen, lo que provocó un tenso enfrentamiento con Ayuso, que preguntó si les "están amenazando físicamente".

El líder nacional del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, advirtió al PSOE, que gobierna en España, de que no van a permitir "un intento de manipulación emocional a los españoles", mientras que José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid, también del PP, acusó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de permitir el desahucio y apropiarse de la memoria de la mujer.

El miércoles, Sánchez mostró sus condolencias a la familia de Maricarmen y afirmó que siente su pérdida como propia, según dijo en un mensaje en la red social X.

Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2026

Tras el desahucio de Maricarmen Abascal el pasado 23 de septiembre, se encendieron numerosas protestas que desembocaron en una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid y llevó al Gobierno de España a aprobar dos decretos de vivienda.

El rechazo del Congreso de los Diputados a esos dos decretos movió a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

El dato se ubicó levemente por debajo de las proyecciones de los analistas, quienes estimaban una subida de 0,5% debido al gasto por Fiestas Patrias y combustibles.

Según el INE, "ocho de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cuatro presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia".

Destacaron los incrementos en alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%) y transporte (0,9%).

En septiembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,4%, acumulando 4,0% en el año y de 4,1% a doce meses. Destacaron las alzas en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como la de transporte: https://t.co/a62SMfcCxW https://t.co/2ukNlHGMEi

— INE Chile (@INE_Chile) October 8, 2026

En particular, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas anotó un aumento mensual en nueve de sus 15 clases, siendo las más importantes hortalizas, legumbres y tubérculos, con un 4,1%, y frutas y frutos secos, con un 3,1%.

La división de transporte consignó alzas mensuales en siete de sus 11 clases, destacando la subida de 3,7% en combustibles para vehículos personales, seguida de transporte de pasajeros por carretera (2,9%).

En contraste, la división de seguros y servicios financieros (-5,9%) registró un descenso en una de sus dos clases (seguros, con un -7,7%).

Con el IPC de septiembre, la Unidad de Fomento (UF) subirá 164 pesos y llegará a 41.295 el próximo 9 de noviembre.

Quiroz: "La inflación y el IPC son una responsabilidad del Banco Central"

Frente a estos datos, y en un seminario de la Unión Social de Empresarios Cristianos, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recordó que "la inflación y el IPC son una responsabilidad del Banco Central".

"Me gustaría que esto fuera bajando y hay que tomar las medidas desde el punto de vista monetario que haya que tomar para mantener la inflación a raya", dijo el jefe de la billetera pública.

Sobre la proyección de 3,8% de inflación que prevé para este año la Dirección de Presupuestos (Dipres), Quiroz señaló que "está desafiante, pero pensamos que puede haber un ajuste, una desaceleración del crecimiento de precios. Vamos a ver las variables".

Por su parte, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, también reaccionó a las cifras de la mañana, advirtiendo que este registro mensual confirma que las presiones inflacionarias continúan vigentes y que no es posible "relajar el tranco" en la materia.

Además, atribuyó parte de las presiones sobre los precios al efecto de las Fiestas Patrias y a factores externos que han impulsado el costo de los combustibles.

En la misma línea, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, sostuvo que "hay una fuerte presión por las presiones geopolíticas y las tensiones".

"El IPC de 0,4 está muy impactado por lo que está pasando con los precios de las energías, de los combustibles y, por lo tanto, son shocks externos que, obviamente, se transmiten en nuestra economía, pero eso no cambia nuestro panorama de que vamos a terminar con una inflación en torno al 4%", planteó la líder gremial.

Tasa de interés

El próximo 26 y 27 de octubre, el Consejo del Banco Central sostendrá una nueva Reunión de Política Monetaria, instancia en la que evaluará el escenario económico y la eventual trayectoria de la tasa de interés, actualmente en 4,5%.

La economista Natalia Bernal, académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Gabriela Mistral, anticipó que, "por ahora, al menos para 2026, el Banco Central no haría cambios en su Tasa de Política Monetaria y lo que puede hacer durante 2027 todavía no está completamente claro".

"De todas formas, si la economía crece por sobre el 3%, tal como anticipa Hacienda, se ve difícil una reducción adicional de la Tasa de Política Monetaria, pues sería una economía que estaría creciendo para ese entonces por sobre su potencial. Ahora, por otro lado, subir la tasa en una economía que todavía muestra debilidad podría no ser una buena decisión", añadió.

Esto, luego de que se incorporara un segundo programa dentro de la partida del organismo persecutor destinada exclusivamente a la nueva Fiscalía Supraterritorial.

Dicho cambio implica que, ante eventuales déficits en recursos para contrataciones, capacitaciones o pericias, el fiscal nacional no podrá disponer libremente del presupuesto general de la institución para realizar traspasos sin la autorización previa de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Adicionalmente, el Ejecutivo introdujo por primera vez límites específicos en las glosas presupuestarias para ítems como horas extraordinarias, viáticos y perfeccionamiento, obligando a recurrir a la Dipres en caso de superar dichos topes.

"¿Si me parece grave lo del problema presupuestario? Esto me va a ser gravísimo. Esto me parece gravísimo. Una de las herramientas más frecuentes que tienen los Gobiernos para intervenir en las decisiones que toman los Ministerios Públicos, a nivel regional, es el control presupuestario: el castigo presupuestario o el premio presupuestario. En el caso nuestro, esto estaba protegido históricamente por la forma como ha estado organizado nuestro presupuesto: teníamos un solo programa, no teníamos estas glosas, etcétera. Parto de la buena fe y soy sincero: no se está advirtiendo la consecuencia", señaló Valencia en el Congreso.

"El riesgo de esto es que, si en algún momento necesito tomar la decisión de mandar a algunos fiscales a Colombia y me falta plata, tenga que ir a la Dipres a pedirle autorización. ¿Cómo le explico si, por ejemplo, hay una investigación de lavado de activos y tengo prohibición expresa, incluso, hasta de hablar de la existencia de la investigación?", añadió Valencia.

Cifras en disputa

La controversia se enmarca en la presentación del proyecto para la Partida 23 de la Ley de Presupuestos, que contempla un presupuesto total de 336,3 mil millones de pesos para el Ministerio Público.

Dentro de este monto, la ejecución general del organismo asciende a 331 mil millones de pesos, mientras que para la Fiscalía Supraterritorial (Programa 02) se destinan 5,2 mil millones.

Los topes fijados en la Glosa 01 del programa principal, que encendieron las alarmas de la Fiscalía, contemplan un límite de 681,8 millones de pesos a horas extraordinarias; un máximo de 848,9 millones en gastos para viáticos en el territorio nacional y 146,9 millones para viáticos en el exterior (mientras que para la Fiscalía Supraterritorial se asignan 26,2 millones en horas extras y 52,4 millones en viáticos nacionales).

Además, el proyecto del Ejecutivo fija un margen para capacitación y perfeccionamiento de 28,3 millones de pesos (Glosa 02) y un tope de convenios con personas naturales de 6.416 millones, para un máximo de 278 personas (Glosa 02).

Asimismo, el presupuesto asigna 7.119 millones de pesos para la adopción de medidas de protección a víctimas y testigos (con la facultad del fiscal nacional de destinar extraordinariamente fiscales y funcionarios a la Macrozona Sur) y 12.937 millones de pesos para el financiamiento de los Equipos Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) bajo el Plan FOCO.

Frente a las objeciones del titular del Ministerio Público respecto a la rigidez y visación previa de estas partidas por parte de la Dipres, la Tercera Subcomisión de Presupuestos decidió congelar la votación de la partida institucional, enviándola en calidad de pendiente a la Comisión Especial Mixta.

El líder gremial destacó que Chile posee una sólida base de conectividad, pero instó a dar saltos concretos. "El momento es de aprender, de desarrollar y de repensar las posibilidades que tenemos con la tecnología", afirmó respecto a la urgencia de pasar a la acción.

En materia de educación, enfatizó la relevancia del acompañamiento docente en las aulas. "El uso de la tecnología en el proceso educativo es fundamental, pero no un componente aislado", señaló, subrayando que las herramientas requieren estrategias pedagógicas integrales para potenciar el aprendizaje escolar.

Asimismo, resaltó los avances en salud y el creciente interés nacional por la innovación. "Buscamos que la tecnología sea una potenciadora de las capacidades de los equipos médicos", concluyó Sánchez, valorando además el alza del 68 por ciento en postulaciones al Premio Nacional de IA.

Se trata de unos 700 empleados, que llegaron a ejecutar la paralización luego de que fracasaran las últimas conversaciones con la firma, merced a la mediación obligatoria que ejerce la Dirección del Trabajo en estos casos.

Según los sindicatos, la huelga se concreta "tras la negativa de abordar un mecanismo que ponga término a la discriminación y que prevenga que ella no se produzca durante la vigencia del contrato colectivo", reportó Emol.

Además, el mundo minero mira con atención la situación de Minera Escondida, la transnacional que opera la mina a rajo abierto de cobre más grande del mundo, que está en proceso de mediación con el Sindicato N° 2 de Supervisores y Staff.

"La instancia de conversaciones se está desarrollando en dependencias de la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta y está a cargo de un equipo especializado en mediación", dijo el ente fiscalizador, que ejerce como "tercero imparcial".

La huelga en Antofagasta Minerals y la posible huelga en Escondida abren interrogantes sobre el efecto en el mercado del cobre y en la minería en general, sector que registró una caída de 17,4% durante agosto pasado y marcó el -1% de crecimiento del país.

Según Emol, el también presidente de la Red G9 participó en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos que analiza en el Senado el proyecto de erario fiscal, que destina más de 3,5 billones de pesos a la educación superior.

Sin embargo, contempla recortes en los fondos de Fomento a la Investigación (-25,2%) y Basal por Desempeño (-12,41%), al Aporte Institucional a Universidades Estatales (-12,37%) y al Fortalecimiento de la Educación Superior Pública (-1,69%).

En este contexto, De la Llera recordó que "sólo las universidades del G9 generan el 45% de la productividad científica de Chile", y advirtió que, en un país que invierte en innovación y desarrollo muy por debajo del promedio OCDE, el recorte "compromete significativamente nuestras posibilidades de desarrollo".

Por lo tanto, "cuesta entender qué objetivo de política pública persigue (este Presupuesto)", expresó. "(Estas instituciones han contribuido a construir) uno de los sistemas universitarios más sólidos de América Latina", por lo que debilitarlas "afecta directamente a sus estudiantes, a sus proyectos educativos y a su capacidad de aportar al país", aseveró.

"No podemos sacrificar capacidades que han tomado décadas construir por un ajuste de corto plazo, cuyos costos se pagarán durante varias generaciones", senteció el rector de la UC.

• [Lea también] Presupuesto 2027: Diputados cuestionaron recortes en fondos para Ley Ricarte Soto

Leyó una carta, criticó rebaja de aporte fiscal y eventual corte a gratuidad

De la Llera también leyó una carta ante la subcomisión, a la que pidió "no aprobar la propuesta en los términos presentados y que se mantengan en términos reales, es decir, reajustados por inflación, tanto el aporte estatal a las universidades como los recursos destinados a ciencia e investigación".

En el escrito amplió sus críticas al recorte al Aporte Fiscal Diferido (rebajado en más de 36 mil millones de pesos), y sostuvo que los aranceles regulados de las universidades no cubren el costo real de las carreras con gratuidad. 

"Las universidades ya están subsidiando una política pública insuficientemente financiada", y ajustarla implicaría una brecha anual cercana a los 20 mil millones de pesos solamente en la UC, advirtió su rector. 

Por último, calificó como un "golpe doble" para las universidades la baja de 6,4% en el presupuesto del Ministerio de Ciencia, ya que verían afectada su capacidad de formar y de generar conocimiento.

"No estamos pidiendo un aumento; pedimos únicamente que el Estado preserve el valor de su compromiso con las universidades", cerró.

De acuerdo al proyecto ingresado al Congreso, este ámbito tendrá una baja de 28 mil millones de pesos para 2027, lo que puede tener efectos en la continuidad de tratamientos e ingreso de nuevos beneficiarios al programa que actualmente incluye 27 patologías, entre ellas distintos tipós de cáncer y enfermedades poco frecuentes.

El diputado Fabián Ossandón (PDG) planteó que "estamos hablando de familias que dependen de esta cobertura para financiar enfermedades de alto costo. Vamos a pedir también el compromiso para que el año 2027 ningún paciente quede sin su cobertura, y de igual manera vamos a pedir que se nos garantice que los nuevos pacientes puedan ser atendidos".

Marcos Ilabaca, diputado PS, comentó que "día a día conocemos que esa promesa del Presidente Kast de no recortar derechos era una mera metáfora. Quieren destruir el Estado, quieren seguir quitándole derechos a los chilenos y las chilenas".

Gobierno descarta impacto

Desde el gobierno, la ministra de Salud, May Chomali, reconoció la baja de recursos, pero descartó que se interrumpan tratamientos.

"En la práctica, y esto lo quiero decir muy claramente, para los pacientes que son beneficiarios de la Ley Ricarte Soto, no implica absolutamente nada. O sea, un paciente que hoy está recibiendo sus medicamentos a través de la Ley Ricarte Soto seguirá recibiendo sus medicamentos a través de la Ley Ricarte Soto", expresó.

La titular de Salud añadió que "un paciente que durante este año, ojalá no ocurra, debuta con una enfermedad cubierta por la Ley Ricarte Soto y su caso cumple con los requisitos, se le va a entregar el medicamento".

"Lo que en estos momentos no podemos hacer es aumentar el número de patologías cubiertas por la ley, lo que no ha ocurrido ya hace varios años", puntualizó.

Además, la ministra confirmó que impulsarán cambios a la Ley Ricarte Soto para que sea finnacieramente sostenible en el tiempo.

La asistencia de Fontaine al Parlamento se da un día después de que la cuprífera detectara nuevas inconsistencias en el marco de la revisión que efectúa a la cantidad reportada manufacturada en los años 2024 y 2025, cuyo informe de producción final fue presuntamente inflado.

Ante la detección reciente de dichas irregularidades, según afirmó Codelco en una nota de prensa, se resolvió profundizar las revisiones en curso, encargar una auditoría externa independiente y enviar los antecedentes a Fiscalía.

Codelco investiga nuevos antecedentes de sobreproducción entre 2024 y 2025. Directorio de la Corporación fue informado de hallazgos preliminares relacionados con eventuales duplicidades en la contabilización de producción y diferencias de inventario. La empresa entregó estos nuevos antecedentes al Ministerio Público y encargó una nueva auditoría externa independiente para determinar magnitud, responsabilidades y eventuales efectos económicos. Revisa más información en el comunicado oficial 👇 https://t.co/DG4jXVHDqd #Codelco

— Codelco (@CodelcoChile) October 6, 2026

En este contexto, el presidente de la minera estatal afirmó ante la comisión investigadora parlamentaria que "la decisión del directorio y de la administración de Codelco es investigar cualquier irregularidad e identificar los efectos que esto tenga y a los responsables".

"(Todo, con el fin de) aplicar las sanciones y recuperar las pérdidas patrimoniales que pueda haber eventualmente para el Estado. Ese es nuestro compromiso, junto con fortalecer los controles para hacer cada vez más difícil que este tipo de hechos pueda ocurrir", sostuvo.

Bernardo Fontaine ante Comisión Investigadora de la Cámara: “Enfrentamos estos hechos con determinación y transparencia, sin dilaciones, sin defensas corporativas, sin intentar proteger personas”. El presidente del directorio de Codelco aseguró a los parlamentarios que la administración de la estatal buscará esclarecer responsabilidades individuales y fallas internas en las cifras de producción, para corregir los procesos que permitieron las irregularidades y perseguir la restitución de cualquier eventual perjuicio causado a la Corporación. Revisa más información en el comunicado oficial 👇 https://t.co/gjriJwsZUk #Codelco

— Codelco (@CodelcoChile) October 7, 2026

Piden la renuncia de cinco directores

El diputado RN e integrante de la comisión investigadora, Daniel Valenzuela, pidió a Fontaine que "cinco de los directores integrantes que participaron (en las irregularidades y que fueron designadas por parte) del Gobierno anterior tienen que renunciar".

"Esto no es una novedad: acá hay una máquina para defraudar Codelco, y esto -lo quiero decir fuerte y claro- recién está comenzando", alertó.

En una línea similar, el presidente de la comisión, el diputado PPD Cristián Tapia, expresó: "Alguien preguntaba si podemos tener más sorpresas adelante en otras divisiones, y yo creo que las van a haber".

"Lo dijimos apenas supimos lo de Chuquicamata; aquí puede que hayan más eventos similares, pues hay algo muy parecido a un modus operandi que, lamentablemente, los exejecutivos de Codelco avalaron", agregó.

Desde el Ejecutivo, el biministro de Interior y de la Seggob, Claudio Alvarado, dijo que es "una situación indeseada que no debería ocurrir nunca; que se dupliquen los datos de producción para acceder a beneficios económicos de los ejecutivos es totalmente reprochable".

"El Gobierno va a tomar la iniciativa para que se realicen auditorías forenses que permitan dar con las personas responsables de este tipo de situaciones, porque con una empresa tan importante, como lo es Codelco para nuestro país, no se puede jugar con los números", agregó. 

Por su parte, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, señaló que si bien la situación de la cuprífera estatal requiere absoluta claridad, Chile mantiene una sólida reputación basada en una institucionalidad seria y funcional.